En 2025, la Ley Antifraude será de cumplimiento obligatorio para empresas y autónomos que emitan facturas. ¿Qué impacto tendrá?

Sabías qué..

Esta ley lleva en vigor dos años, pero ahora realmente es cuando empieza la verdadera cuenta atrás.

El Ministerio de Hacienda ha aprobado el Real Decreto en el que se desarrolla la Ley Antifraude para prevenir y evitar el fraude fiscal que obligará a las compañías a suministrar de forma inmediata su facturación a la Agencia Tributaria a partir del 1 de julio de 2025.

¿Qué es? ¿Cómo afecta a tu empresa? ¿Cuáles son los plazos establecidos? ¿Cuáles son las sanciones? Vamos a contestar estas y otras cuestiones que están en el aire.

¿Conoces la Ley Antifraude?

La Ley 11/2021, de 9 de julio, son medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida popularmente como Ley Antifraude, nace, principalmente, para evitar irregularidades en la gestión de gastos empresariales. Pretende acabar con los softwares de doble uso utilizados para llevar una contabilidad paralela y con la omisión de ciertas transacciones, entre otros.

Una de las consecuencias más directas es la necesidad de contar con programas informáticos adaptados a la nueva normativa. Según se desprende del texto, los programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión deben garantizar ”la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.

Según el texto publicado en el BOE, la pieza fundamental del sistema es la capacidad de generar y almacenar de forma segura los registros de facturación. Para ello, los registros informáticos de facturación de ‘alta’ deberán incluir, entre otros datos:

• Número de identificación fiscal y nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a expedir la factura.
• El número y, en su caso, serie de la factura.
• La fecha de expedición de la factura y la fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan en ella.
• El tipo de factura expedida, indicando si se trata de una factura completa o simplificada
• La descripción general de las operaciones y el importe total de la factura.
• Indicación del régimen o regímenes aplicados a las operaciones documentadas a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, o de otras operaciones con trascendencia tributaria.

Si en tu empresa o negocio sigues utilizando hojas de cálculo, deberías ir pensando en dar el salto hacia la gestión digital, puesto que los programas como el Excel no cumplen con los requisitos anteriormente mencionados.

• No están debidamente certificados.
• No utilizan formatos estándar para su legibilidad.
• No garantizan la integridad de los datos que se registran en ellos
• No garantizan la conservación de la documentación que sirva de base a la presentación de las declaraciones tributarias.
• Dificultan el acceso de la Agencia Tributaria.
• No garantizan la trazabilidad.
• Los datos pueden alterarse.

Aparte de perseguir las cajas B, la Ley contra el Fraude Fiscal contempla una serie de medidas para evitar la evasión fiscal:

• Los pagos en efectivo entre particulares y empresas quedan limitados a 1.000 euros (entre particulares sigue siendo de 2.500 euros)
• Desaparecen los incentivos fiscales relacionados con los pactos de sucesión o herencias en vida
• Del mismo modo, desaparecen las amnistías fiscales y se amplia el concepto de Paraíso Fiscal
• Se modifica el impuesto de matriculaciones
• Aumenta el control de las criptomonedas
• El umbral de deuda para que un contribuyente, empresario o particular pueda aparecer en la lista de deudores de Hacienda baja hasta los 600.000 euros
• Se reducen los recargos por presentar impuestos fuera de plazo (un 1% por cada mes de retraso hasta los 12 meses)

¿A quién afecta la Ley Antifraude?

La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, será de obligado cumplimiento para empresas y autónomos que emitan facturas. Por tanto, va siendo hora de empezar a analizar el impacto en las empresas.

El 1 de julio de 2023 comenzó el periodo voluntario de cumplimiento y será de obligado cumplimiento  el 1 de julio de 2025 para las empresas que facturen menos de 6 millones de euros (las que ingresan más ya lo hacen desde 2017). A partir de esa fecha, los autónomos y empresas que emitan facturas estarán afectados.

Solo quedarán excluidos quienes estén ubicados en Canarias, Ceuta, Melilla, en los territorios forales o se hayan acogido al Suministro Inmediato de Información (SII).

Los fabricantes y comercializadores de softwares de contabilidad también se verán afectados, puesto que estas soluciones deberán estar homologadas por la Agencia Tributaria obligatoriamente.

Al margen, claro está, de cumplir con el resto de los requisitos establecidos por la Ley Antifraude. En este punto es importante recordar que las facturas que se emitan deberán ser electrónicas e incorporar un código QR y una huella digital (para identificar la factura anterior). Además, los documentos tienen que llevar un código para que pueda remitirse a Hacienda de forma automática.

¿A qué sanciones se enfrenta tu empresa?

El no cumplimiento de esta medida puede acarrear sanciones económicas importantes.

• Pasarse del límite de 1.000 euros de los pagos en efectivo conlleva una multa equivalente al 25% de la operación
• Hasta 50.000 euros de sanción por la tenencia de programas no certificados o la alteración de programas certificados
• Multas de hasta 150.000 euros para fabricantes, productores o comercializadores de un software que no esté homologado por la administración.‍
• Desde la publicación de la Ley Antifraude, Hacienda lleva revocado el NIF a un millón de empresas fantasma.

Ley Antifraude y Ley Crea y Crece: ¿Están relacionadas?

La Ley Antifraude establece las bases para la futura obligación de emitir facturas electrónicas y, por ende, para la digitalización y certificación de los procesos de facturación y contables.

En estos momentos también estamos pendientes de la entrada en vigor de la Ley Crea y Crece que nace, principalmente, para regular la facturación electrónica obligatoria, combatir la morosidad y el fraude y fomentar la creación de empresas.

Además, será de obligado cumplimiento en 2024 (para empresas con más 8 millones de euros de facturación en una primera fase). Y cuando entre en vigor, empresas y autónomos de toda España tendrán la obligación de emitir facturas electrónicas de las transacciones comerciales. Por tanto, no es de extrañar que se confunda con la Ley Antifraude.

Son dos normas diferentes, pero complementarias. Ambas modificarán significativamente la forma de facturar de pymes y autónomos. Para poder cumplir con la ley, muchas organizaciones tendrán que afrontar cambios tanto a nivel de cultura corporativa como de procesos.

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